Al inicio de la investigación, Fernández había solicitado que la causa tramite en el juzgado federal de San Isidro, argumentando que los hechos a investigar ocurrieron en la Quinta de Olivos --mientras que el fiscal Ramiro González sostiene que los episodios de agresión y hostigamiento comenzaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2016. Esa discusión quedó zanjada en septiembre, cuando la Cámara Federal de Casación Penal determinó que la causa siga en los tribunales federales de Retiro.
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