La historia económica argentina reciente está plagada de intentos de estabilización cortoplacista con respaldo externo, y todos, sin excepción, han fracasado. No por azar, sino por diseño. Esta estrategia, lejos de ofrecer una solución, es un ritual de autonegación que termina agravando la crisis que promete conjurar.
Hoy, 2025, en un contexto internacional más hostil, con una deuda aún mayor, menor margen político y un gobierno que apela al dogma más que al diagnóstico, la reedición del blindaje es nuevamente peligrosa.
El paquete de ayuda financiera en el 2000 alcanzó los 20 mil millones de dólares. Los recursos fueron aportados por el FMI, el BID, el Banco Mundial, bancos internacionales y las AFJP. La ayuda del FMI fue bajo la forma de un “Supplemental Reserve Facility”, una línea para asistir a países que ya tienen un programa Stand-by o de Facilidades Extendidas para solucionar problemas de financiamiento en el corto plazo, que usualmente tenían una duración de un año y medio con posibilidad de extenderse por un año más.
En el diagnóstico oficial, la economía argentina enfrentaba básicamente un problema de liquidez, que se intentaba atacar con la utilización del “blindaje financiero” y que debía permitir mejorar las condiciones para financiar la senda de transición hacia el ajuste fiscal. Asimismo, a pesar de que no existían problemas de solvencia fiscal de largo plazo, era prioritaria la recuperación del crecimiento, que siempre en la visión oficial explicaba la mayor preocupación sobre la capacidad de repago en el largo plazo.
El riesgo de la deuda pública, el riesgo de “roll-over” o refinanciación de la deuda, debía ser reducido dramáticamente. No obstante, la disminución dependía del monto final obtenido en el paquete de ayuda financiera. Un monto inferior a los 15 mil millones podría decepcionar a los mercados, impidiendo una mejora sustancial del riesgo por este factor.
Las reformas anunciadas apuntaban a un endurecimiento de la política fiscal, que implicaba subir los impuestos y recortar el gasto público, principalmente en programas públicos, salarios y empleos.
El endurecimiento de la política fiscal rara vez se utiliza debido a su impopularidad política. En su lugar, los gobiernos pueden utilizar una política monetaria contractiva, que implica elevar las tasas de interés para desincentivar el crédito y la inversión.
Esta estrategia enfrentaba algunos riesgos. Si el problema de liquidez era tan relevante como el problema de solvencia, entonces la estrategia de ajuste fiscal gradual apuntaría en sentido contrario, incrementando las necesidades de liquidez en el corto y mediano plazo; el “blindaje financiero” no garantizaba la disminución del riesgo de liquidez a lo largo de la nueva senda de convergencia al equilibrio fiscal. En otras palabras, el trade-off "deterioro fiscal de corto plazo versus mejora fiscal de largo plazo” planteado por el gobierno podría resultar excesivo.
A pesar que los anuncios oficiales y del FMI daban cuenta de la inminente firma del acuerdo para conceder un blindaje financiero, continuaba la marcha de las cuatro medidas que condicionaban el paquete de ayuda financiera externa: el acuerdo fiscal con las provincias; la reforma previsional, la ley de Presupuesto 2001 y la desregulación de las obras sociales.
Surgieron trascendidos donde el monto total del “blindaje financiero” alcanzaría los 31 mil millones de dólares, incluyendo los aportes externos e internos. Los aportes externos alcanzarían los 18.000 millones: el FMI aportaría un total de 14.000 millones: 7.200 millones del acuerdo stand-by que estaba vigente y 6.800 millones del Supplemental Reserve Facility -3 veces la cuota argentina-; el Banco Mundial aportaría aproximadamente 1.000 millones; el BID 2.000 millones; y el gobierno de España 1.000 millones. Los aportes internos explicarían los restantes 13.000 millones: los bancos locales aportarían 10.000 millones y las AFJP’s aproximadamente 3.100 millones.
Las necesidades de financiamiento de 2001, sin incluir la renovación de Letes por 5.000 millones de dólares, alcanzaban los 21.900 millones de dólares, compuesto por unos 14.000 millones de amortización de deuda; 6.500 millones de déficit fiscal y 1.000 millones de otros conceptos. El “blindaje financiero” propuesto era más que suficiente para cubrir las necesidades de todo el año si la totalidad de los fondos estaba disponible.
Si bien los aportes del BID y del Banco Mundial se ubicaron por encima de lo esperado, la incorporación en la contabilidad del blindaje de los 7.000 millones en concepto de canje de deuda de corto plazo por títulos a mediano y largo plazo fue la principal sorpresa del anuncio oficial. En rigor, en la medida en que no existía un compromiso formal de ninguna institución para participar de un eventual canje, la incorporación del canje de deuda había forzado al máximo el concepto de “blindaje”, entendido como apoyo financiero garantizado.
En síntesis, la cuantía del “blindaje financiero” había sido consistente con las expectativas, tanto en montos totales como en cuanto al cronograma previsto de desembolsos, permitiendo reducir drásticamente el riesgo de liquidez y consiguiendo abortar la espiralización del deterioro iniciado a partir de la renuncia de Chacho Álvarez.
Cabía preguntarse entonces, cuál era el diagnóstico del mercado implícito en el Pricing de los bonos que situaba el riesgo argentino por encima de los 800 bp.
Evidentemente, el blindaje financiero atacaba directamente el riesgo de liquidez, pero fue ineficaz en la tarea de reducir los riesgos asociados a la capacidad de pago de la deuda pública. La ayuda internacional daría oxígeno temporario, pero se necesitaban mejoras sustanciales del riesgo país para impulsar la recuperación y despejar las dudas sobre la solvencia fiscal de largo plazo.
El “blindaje” no era la llave del crecimiento. Lejos de ser un punto de inflexión como lo fueron en su momento el Plan Austral y el Plan de Convertibilidad, el blindaje financiero lucía como la condición necesaria para frenar el deterioro de la credibilidad, y como punto de partida a partir del cual se debía recorrer un largo camino destinado a restaurar la credibilidad sobre la capacidad y voluntad de cumplir los compromisos asumidos.
Con relación a las condiciones cualitativas o estructurales expresadas en la carta, estas se guiaron en concordancia con el anuncio presidencial. Es decir, reducción de impuestos distorsivos, incremento de la competencia, eliminación gradual del déficit fiscal hacia el 2005, compromiso fiscal con las provincias, modificación del régimen previsional y desregulación de las obras sociales, entre otros.
El gobierno se comprometía a avanzar en la creación del fuero penal tributario, sancionar las normas reglamentarias de la reforma previsional propuesta y preparar un plan de reestructuración del sistema de Asignaciones Familiares y de reestructuración del Anses. Se buscaba también eliminar el déficit del PAMI y anunciar un calendario para la eliminación de la sobretasa del Arancel Externo Común (AEC) para fines de 2002. Asimismo, la puesta en marcha de un nuevo marco regulatorio del sector de las telecomunicaciones.
El presidente diría: “¡Qué lindo es dar buenas noticias!” (De la Rúa, 22 de diciembre de 2000). Dos días antes de cumplir un año de aquel anuncio, el 20 de diciembre de 2001, Fernando De la Rúa renunciaba al gobierno.
Argentina no sufre de amnesia: sufre de reincidencia. El blindaje de 2000 prometía oxígeno, pero sólo aportó respiración artificial hasta que la presión política, el ahogo social y la inconsistencia económica colapsaron el sistema. Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, el nuevo salvataje vuelve a repetir la misma narrativa: crisis de liquidez, ayuda externa, reformas estructurales y la esperanza de que el mercado “crea”.
Pero no hay magia en el endeudamiento. No hay reactivación sin demanda, ni solvencia sin crecimiento. Estos blindajes, que nacen en la lógica de la ingeniería financiera, fallan sistemáticamente porque ignoran la dimensión política y social de la economía. Pretenden llegar a las elecciones de medio término con dólares prestados. El resultado es siempre el mismo: un placebo con vencimiento.
En 2001, el blindaje sostuvo al gobierno hasta las elecciones de medio término. Las perdió. Dos meses después, la Argentina estalló. Hoy, nuevamente, se aplica una fórmula conocida, con menos margen, menos legitimidad y mayor exposición. El nuevo blindaje no resuelve nada. Solo istra la espera.
*Director de Fundación Esperanza. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política.
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