"La intervención judicial fue nula hasta ahora para ordenar el cese de esta violencia e investigar hechos graves, como en el caso de Grillo", aportó García, y agregó que la M ya presentó "decenas de denuncias penales" que "no son investigadas". "No sólo el Gobierno, sino que los jueces y fiscales que no cumplen con su trabajo son los responsables de esta violencia estatal que se agrava cada día. La continuidad de estás políticas y la falta de controles efectivos de los poderes públicos sobre estás violencias estatales generan un debilitamiento muy claro de nuestra democracia", sostuvo.
El informe de la M para Página/12 se basa en el monitoreo de 25 movilizaciones de este año que terminaron en represión, en su mayoría frente al Congreso. Allí interviene, cada miércoles, un operativo casi siempre integrado por Prefectura, Gendarmería, la Policía Federal y la porteña. Muchas veces hay más efectivos que manifestantes. Por lo general, la intersección entre Callao y Rivadavia permanece cortada por las vallas que plantan las propias fuerzas de seguridad, lo que redunda en un sintentido del propio protocolo, creado supuestamente para evitar cortes.
Quienes marchan cada miércoles describen que la secuencia se repite mas o menos sin variaciones cada semana: un cordon de efectivos empieza a presionar a los manifestantes para correrlos hacia una esquina o rincon, creando un "corralito" sobre la vereda. Allí empiezan los empujones, que derivan en gases pimienta, palazos y la caza al voleo de algún manifestante. Según el informe de la M, así se produjeron este año:
*Unas 1231 personas heridas producto de los gases y los golpes en apenas cinco meses, contra los 1216 de todo el 2024.
*Unas 132 detenciones, mucho más que las 88 contadas durante todo el 2024.
*Dentro de las personas heridas, se relevaron al menos 142 trabajadores de prensa, 20 referentes de organismos de derechos humanos que monitorean las marchas o realizan tareas de socorro y asistencia, y tres menores de edad. El resto de los lesionados son manifestantes, entre ellos varias decenas de jubilados.
*Se registraron lesiones como: quemaduras químicas en ojos, rostro y cuerpo; traumatismos, heridas contusas, esguinces, luxaciones; síncopes, lipotimias, dificultades respiratorias agudas y ataques de pánico.
*En todas las movilizaciones monitoreadas se registraron tareas de inteligencia ilegal de parte de las fuerzas de seguridad.
"Los discursos del gobierno nacional defendiendo y avalando estos delitos de las fuerzas de seguridad generan impunidad y liberan de ataduras a las fuerzas que actuan cada vez con más saña y violencia incluso contra defensores de derechos humanos, personal de salud que asiste a los heridos y trabajadores de prensa", sostuvieron desde la M.
Pese a los palos, los jubilados y quienes los apoyan no aflojan. Las marchas y actividades frente al Congreso seguirán, pese a las contradicciones sobre la posibilidad de terminar naturalizando la violencia oficial, que se repite cada semana. "Es evidente que no hay proporción entre las movilizaciones y la cantidad de efectivos policiales, y la represión posterior", dice a Página/12 al respecto el Padre Francisco "Paco" Olveira.
"En parte, el Gobierno pega porque le sirve a su nucleo duro. Y también, por supuesto, busca disciplinar", agregó el cura, que este miércoles volverá a movilizarse, con lectura de poesía incluída, sobre la Avenida Entre Ríos.
Para Paco, las represiones tienen también como trasfondo el "miedo" del Gobierno a una resistencia "todavía desorganizada", pero que puede "crecer". "Los jubilados on la punta del iceberg de un descontento que está por debajo y que aún no aflora, pero que en algún momento va a salir a flote", dice. "Entonces, intentan que eso no ocurra; quieren dejar en claro que no van a permitir ningún tipo de disidencia, que nos quieren domar, disciplinar, y que lo va a hacer sin importarle la forma. Pero, por supuesto, vamos a seguir en la lucha".
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