Desde ARCA afirmaron que se trata de “preservar la privacidad” y “garantizar el nuevo régimen simplificado de Ganancias”. Pero en los hechos, la Casa Rosada condiciona el flujo de información tributaria a la aceptación de su reforma, en una lógica que roza el castigo para los distritos que no se alineen. En ese sentido, lo que se presenta como libertad para los ciudadanos, deja a las provincias frente a una disyuntiva: sumarse al plan o perder herramientas clave para fiscalizar.
Mientras tanto, en las provincias del norte, los indicadores sociales empeoran, los presupuestos se achican y la demanda social crece. La motosierra no pasó de largo: Salta perdió más de 2.000 empleos registrados en los primeros meses del año, y las obras nacionales paralizadas suman decenas. Los fondos para educación, salud y transporte fueron recortados o directamente eliminados.
El pasado 22 de mayo, el gobierno de Javier Milei promocionó la medida como una “reparación histórica” para los argentinos que ahorraron fuera del sistema bancario formal, escapando (según el diagnóstico oficial) de un “Estado persecutorio, confiscador y asfixiante”. En los hechos, el plan es un amplio paquete de desregulación tributaria y financiera que reduce de manera drástica los controles sobre operaciones económicas de alta magnitud, elimina la obligación de reportar gastos y consumos personales, y crea un nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias que deja de lado la evaluación de patrimonios.
Entre los puntos más controvertidos, y duramente cuestionados por especialistas, se encuentran la eliminación de los reportes obligatorios de consumos con tarjetas, pagos de expensas, compraventa de vehículos, transferencias de inmuebles y facturas de servicios públicos. También se incrementan significativamente los montos a partir de los cuales los bancos deben informar operaciones a la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): en algunos casos, de 1 millón a 50 millones de pesos. En paralelo, se prohibirá a los bancos exigir declaraciones juradas de impuestos nacionales para abrir cuentas o gestionar productos financieros.
La intención declarada es “respetar la privacidad” de los ciudadanos y “dejar de perseguir al que ahorra”. Pero los beneficios concretos del plan están orientados a quienes hoy cuentan con grandes sumas en dólares sin declarar, una minoría con capacidad de atesoramiento que podrá ingresar sus fondos al circuito legal sin penalidades ni preguntas incómodas. En otras palabras, se denunció desde distintos sectores que se trata de un blanqueo de capitales sin costo, disfrazado de simplificación tributaria.
Para el Gobierno nacional, este es el primer paso de un “cambio de paradigma”. La narrativa libertaria sostiene que el Estado no debe indagar sobre el origen de los fondos, que cada ciudadano debe disponer de su dinero sin dar explicaciones, y que lo importante es “premiar” al que produce y acumula, no sospechar de él. En ese sentido, la Nación decide seguir ignorando las enormes desigualdades que atraviesan al país, como que existe más del 50% de pobreza infantil, que la mitad de la población se encuentra sin ahorros ni al crédito, consolidando así un Estado cada vez más debilitado para atender la emergencia social.
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