“El juez no tenía ni pruebas ni jurisdicción suficiente para frenar una elección legítima. Fue un escándalo”, sostuvo en diálogo con Radio Nacional Salta el presidente del Colegio de Abogados, Sergio Daniel Díaz Lenes, quien además confirmó que desde la institución se evalúa avanzar con un jury de enjuiciamiento contra el magistrado.
La suspensión de las elecciones generó un sacudón en el foro jurídico salteño. Para buena parte de la comunidad profesional, la medida de Soria constituyó una “intromisión indebida” que interrumpió arbitrariamente un proceso democrático legítimo, ya en su etapa final. Las listas estaban oficializadas, los padrones definitivos cerrados, los votos impresos. “Nos suspenden las elecciones por una nota el día anterior. La Junta Electoral actuó con responsabilidad, porque si nos llegaba una cédula durante el acto electoral el caos hubiese sido mayor”, recordó Díaz Lenes, quien preside el Consejo Directivo del Colegio.
Desde la institución señalaron que el juez no sólo dictó una cautelar sobre un expediente electoral sin impugnaciones, sino que lo hizo sin que la amparista tuviera siquiera legitimación para accionar. Además, el amparo cuestionaba aspectos como el cómputo de días hábiles, cuando históricamente (a nivel nacional y provincial) los plazos en procesos electorales internos siempre se computan por días corridos. “El cronograma electoral tiene plazos fatales. Las listas se presentaron en tiempo y forma, incluso un día sábado. No hubo impugnaciones. No había absolutamente nada que justificara la suspensión”, subrayó Díaz Lenes.
En el centro del planteo de Mazzone se encuentra el artículo 147 de la Ley 5.412, que establece que no podrán votar ni ser candidatos quienes tengan deudas con el Colegio. Lejos de ser una particularidad salteña, esta disposición es compartida por colegios profesionales de todo el país. “En todas las instituciones es condición estar al día con la cuota. Hasta en los clubes: imaginate si Central Norte o Gimnasia y Tiro (clubes de fútbol salteños) van a elecciones con socios que no pagaron. Es un requisito básico de participación”, argumentó el titular del Colegio.
La posibilidad de un jury de enjuiciamiento contra el juez Soria ya fue puesta sobre la mesa por las autoridades del Colegio. La actuación del magistrado será revisada, no solo por su impacto institucional, sino también por lo que representa en términos de límites al poder judicial sobre los procesos democráticos internos. “Lo vamos a estudiar, pero no se puede permitir que un juez sin competencia frene una elección limpia, sin pruebas ni razonamiento jurídico. El proceso electoral estaba impecable”, insistió Díaz Lenes.
El Colegio notificó a la Junta Electoral que una vez que la resolución judicial esté firme, deberá fijar una nueva fecha para los comicios. Según recordó Díaz Lenes, “la elección estaba a un solo día de realizarse, así que solo falta reanudar el cronograma donde se interrumpió”.
La Junta Electoral informó que listas siguen oficializadas, los votos ya fueron impresos (con el costo que ello implica) y el proceso istrativo cumplió todas las etapas. Se espera que ahora se emita una resolución que permita reutilizar el material ya preparado, en un gesto de racionalidad institucional.
Desde el Colegio aseguraron que la voluntad de votar sigue intacta, y que el objetivo es garantizar un proceso “transparente, legítimo y sin interferencias externas”. Aunque el episodio dejó secuelas, la conducción colegiada confía en que la comunidad jurídica sabrá responder con participación y compromiso. “La legalidad tiene que estar por encima de todo. No podemos dejar que las elecciones se resuelvan en los despachos judiciales. Es momento de que hable el voto”, concluyó Díaz Lenes.
El actual presidente Díaz Lenes busca su reelección. Su lista se enfrentará a otras dos: la lista opositora encabezada por Trinidad Arias Villegas, y una tercera línea que es encabezada por la ex diputada provincial Liliana Mazzone.
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