La plumbemia también es conocida como saturnismo y es una enfermedad ocasionada por la exposición constante y la manipulación del plomo sin las medidas de protección correspondientes, como les pasa a los trabajadores de Baterías Champion y del sector acumulador. De acuerdo a estudios médicos citados por la Asociación de Trabajadores de la Industria Química y Petroquímica (ATIQyP), la exposición al plomo puede causar problemas neurológicos como pérdida de memoria y dificultades de concentración, insuficiencia renal crónica, anemia, trastornos reproductivos, y en aquellos casos de gravedad podría provocar la muerte.
Edgardo Gómez, secretario general del sindicato fue contundente: “Tenemos trabajadores con más de 60 de plomo en sangre, el doble del máximo permitido por la ley que es 30. Exigimos que se cumplan los protocolos, que se retire a los compañeros afectados, que se informe a cada trabajador sus resultados y que se implemente un plan real de seguridad”. Claudia Lázzaro, referente sindical por su parte, remarcó que “esto no es un hecho aislado: hay fábricas con los mismos problemas en Salta, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. El modelo de producción sin protección tiene que terminar”. “No puede ser que se fabriquen baterías en condiciones del siglo XIX”, planteó Lázzaro.
Desde hace al menos seis meses, los trabajadores de Champion vienen denunciando la grave exposición al plomo, la falta de indumentaria adecuada y la total omisión de medidas de seguridad e higiene. La denuncia incluye situaciones como la entrega de ropa con agujeros provocados por el ácido, zapatos desgastados, duchas sin agua caliente y baños en condiciones deplorables. Los empleados deben llevar su ropa contaminada a sus hogares porque la empresa no provee servicio de lavandería industrial, generando riesgos también para sus familias.
Uno de trabajadores que lleva 23 años trabajando en la fábrica le puso voz propia a lo que ocurre dentro de la planta: “Estoy con carpeta médica por plomo en sangre. Tenía 39 microgramos por decilitro y la ART me iba a tratar, pero a los dos días rechazaron mi denuncia y tuve que ir por mi cuenta al Sanatorio Solano dónde me diagnosticaron intoxicación por plomo. Me dieron descanso desde el último lunes hasta el 30 de junio”. Otros trabajadores, que tienen casi una década de antigüedad, contaron a Buenos Aires/12 que jamás recibieron los resultados de los análisis obligatorios que les hacen cada año. “En ocho años nunca supe cuánto plomo tenía”.
La Asociación de Trabajadores de la Industria Química y Petroquímica (ATIQyP) y su federación FESTIQyPRA, encabezadas por el secretario general Omar Gómez y el secretario adjunto Edgardo Gómez respectivamente, encabezan el reclamo. Presentaron denuncias formales ante la delegación de Quilmes del Ministerio de Trabajo bonaerense contra las dos razones sociales de la empresa Industrias Hardbat S.A y Champion International Bateries S.A, cuyo nombre comercial es Baterías Champion.
El jueves pasado entablaron una reunión con el ministro Walter Correa, en la sede de la federación gremial, considerada un paso “más que importante” en el reclamo por parte de ATIQyP. En el encuentro, Correa estuvo acompañado por funcionarios de áreas técnicas y de fiscalización del Ministerio, así como por la referente sindical Claudia Lázzaro. El gremio presentó documentación, estudios clínicos y fotografías que acreditan el estado precario en el que operan los trabajadores. También se detallaron las irregularidades detectadas por las inspecciones previas realizadas por el ministerio, que derivaron en un acta con más de 60 observaciones dirigidas a la empresa.
Durante la reunión, Correa expresó su “compromiso absoluto con la salud y la vida de los trabajadores” y señaló que su gestión va a “profundizar los controles, multiplicar las inspecciones y actuar con firmeza donde se violen las normativas laborales”. La reunión duró más de dos horas y se pactó la elaboración de un plan de monitoreo que incluirá visitas sin aviso previo a la planta, entrevistas confidenciales a trabajadores y un seguimiento conjunto con el gremio de cada caso de plumbemia.
En la planta de Florencio Varela conviven dos sindicatos: ATIQyP y STIQPYE. Esta coexistencia no ha generado equilibrio gremial, sino todo lo contrario. Los trabajadores denuncian que STIQPYE actúa como brazo aliado de la empresa, promoviendo prácticas de persecución hacia quienes eligen afiliarse a ATIQyP. “Nos dijeron que si no nos pasábamos, el lunes íbamos a tener problemas”, denunció el trabajador con ocho años de antiguedad. Hubo casos de compañeros golpeados, otros presionados para renunciar, y constantes amenazas para quienes se niegan a cambiar de sindicato, añadió el empleado. Desde Buenos Aires/12 intentamos comunicarnos tanto con la empresa que conduce Antonio Rivero como con el STIQPYE, presidido por Fabián Hermoso, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta por ninguna vía.
La denuncia inicial de ATIQyP fue presentada en diciembre ante la delegación de Quilmes. Desde entonces, hubo avances puntuales por parte de la empresa como la entrega parcial de ropa antiácida, pero la mayoría de los puntos críticos persisten, aseguraron los trabajadores. Edgardo Gómez reveló que incluso llevó una toxicóloga independiente a la planta para asistir a los trabajadores afectados, ya que la ART en varios casos ni siquiera realizó contrapruebas antes de rechazar las denuncias.
El problema no termina en la fábrica porque muchos empleados, al llevar su ropa contaminada a sus casas, exponen a sus familias al plomo. Se reportaron problemas neurológicos, dificultades sexuales, daños renales y óseos. Algunos empleados jóvenes quedaron con incapacidad permanente y fueron despedidos sin indemnización, afirmó Gómez.
La falta de transparencia es otro problema. “La empresa y la ART manejan todo entre ellos”, apuntó el trabajador con 23 años de antigüedad. A eso se suma que trabajan con hornos a 300 grados sin la protección adecuada, en sectores que se inundan, con instalaciones eléctricas expuestas. El comedor solo ofrece un pan con milanesa seca por jornada laboral, sin refrigerio ni condiciones dignas, sostuvieron.
En el plano económico, los trabajadores denuncian sueldos iniciales de entre 700.000 y 800.000 pesos, gran parte abonados fuera de convenio y en negro. Las horas extras y los feriados no se pagan correctamente, los recibos están adulterados o directamente no existen. “Te pagan con papelitos hechos a mano”, explicó Edgardo Gómez. Esto afecta jubilaciones, coberturas médicas y licencias. Un trabajador a punto de jubilarse habría descubierto que le faltaban meses de aportes por estas prácticas, agregó el secretario adjunto.
ATIQyP advirtió que si no hay mejoras urgentes, intensificará sus acciones gremiales: habrá asambleas, paros y denuncias públicas hasta lograr que se respeten las normas. “No vamos a parar hasta que se haga justicia por cada compañero afectado”, cerró Omar Gómez, secretario general.
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