Mientras que el 85% de los estudiantes del último año de secundaria planea seguir estudiando, sólo el 38% de quienes tienen entre 19 y 25 años efectivamente lo hace. Lo mismo ocurre con el mundo del trabajo, dado que el 65% de los estudiantes proyecta insertarse laboralmente, pero sólo un 38% de los jóvenes logra hacerlo, y de forma muy desigual según el nivel socioeconómico.
El escrito señaló que en los sectores de menores ingresos, apenas el 21% estudia y el 14% trabaja. Mientras que en los sectores de mayores ingresos, esos números se elevan al 51% y 68%, respectivamente. La desigualdad no se expresa sólo en el “qué se puede hacer” sino en el “qué se espera poder hacer”, se destacó.
En este marco, la universidad pública se vuelve una pieza central. Un informe de la Sección Data UNSa, presentado en noviembre del año pasado bajo el título "Estudiar, trabajar: una vida en la universidad", mostró que más de 10 mil estudiantes en la Universidad Nacional de Salta trabajan mientras cursan.
De acuerdo a datos relevados por el Sistema de Datos estadísticos SIU-Wichi de la Universidad, las y los estudiantes que trabajan mientras estudian, casi un 35% trabaja hasta 10 horas semanales. Un 21,5% destina a trabajar entre 10 y 20 horas por semana; el 20,5% trabaja entre 20 y 35 horas semanales y un 23,3% dedica 35 horas o más a trabajar.
Aun así, sólo el 28% de quienes costean sus estudios lo hace sin ayuda familiar, y apenas el 3,3% vive exclusivamente de una beca. La UNSa concentra una enorme proporción de estudiantes de los sectores populares.
Según el INDEC, el 42,3% de los estudiantes universitarios provienen de los 4 deciles más bajos de ingresos per cápita. De ellos, el 91% asiste a universidades públicas. A contramano de estos datos, el presidente Javier Milei declaró el año pasado que la universidad pública “no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y de la clase media alta”. Los datos demuestran lo contrario.
El informe también dejó constancia de que el a la educación superior en la Argentina se democratizó parcialmente: en 1996, el 18% de las y los estudiantes universitarios provenía de hogares pobres; en 2023, ese porcentaje llegó al 42%, según el Laboratorio de Políticas Educativas de la Universidad Nacional de Hurlingham. Sin embargo, los obstáculos para sostener una carrera universitaria siguen siendo estructurales.
Mientras en Salta se avanza con propuestas participativas, a nivel nacional el panorama es de desmantelamiento. Según un informe reciente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gobierno de Javier Milei redujo en un 75% el presupuesto para políticas de niñez y adolescencia, paralizó programas clave como la Línea 102, el Plan Nacional de Primera Infancia y la Ley Lucio, y despidió a más de 800 trabajadores del área, muchos con tareas territoriales.
También se cerraron espacios de contención como los Espacios de Promoción de Derechos, que brindaban asistencia integral a miles de jóvenes. A la par, se impulsa un nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de punibilidad a 13 años. ATE advirtió que este escenario implica el abandono por parte del Estado Nacional de su rol de garante de derechos.
En ese marco, la propuesta del gobierno salteño intenta mostrar otro enfoque. “En Salta la juventud ya no espera. Crea, se organiza, se expresa”, manifestó el gobernador.
La lógica del nuevo plan no es construir programas para la juventud como un colectivo pasivo, sino con ella como sujeto activo. La primera etapa estará dividida en tres ejes: cultura, ambiente y vida sana. Pero no serán los funcionarios quienes definan las acciones. “Queremos que los jóvenes digan”, señaló Da Souza.
La apuesta por la descentralización también es clave, dado que el plan busca llegar a jóvenes de toda la provincia, no sólo del centro capitalino. “El Estado no puede reemplazar a la juventud, ni imaginarla desde arriba. Tiene que acompañarla, abrirle la puerta, y después correrse”, insistió el funcionario provincial .
Además del plan Juventud Real, recientemente se anunció la creación del Consejo Asesor Estudiantil, que estará integrado por centros de estudiantes y alumnos destacados, y trabajará en articulación con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Agencia de la Juventud.
Su objetivo es que la voz estudiantil tenga un lugar formal en la toma de decisiones. “Se habla mucho de grooming, de bullying, de abandono escolar, de los efectos del uso de celulares. Pero rara vez se les pregunta a los propios chicos qué piensan, qué les preocupa, qué soluciones imaginan. El Consejo viene a institucionalizar ese diálogo”, dijo la ministra de Educación, Cristina Fiore.
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