Esta reforma, sostuvo el ministerio, "busca priorizar el abordaje territorial local, permitiendo de este modo que cada provincia y municipio, con mayor proximidad a sus habitantes, puedan asistir con eficacia y eficiencia a las personas que se encuentran en esta compleja situación".
De este modo, aclara el escrito, "el Estado Nacional asumirá un rol activo de rectoría y coordinación".
Entre los argumentos que el Gobierno menciona en el comunicado, se insiste en la estigmatización de las organizaciones sociales. La ley que regula la asistencia a personas en situación de calle "hasta el momento prácticamente no había tenido ejecución, salvo en contadas ocasiones en las que, de manera discrecional, se otorgaban subsidios económicos a un número muy reducido de organizaciones".
Entre otras modificaciones, el decreto 373/2025 publicado este lunes cambia la autoridad de aplicación de la ley, que pasará a ser la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Este organismo, dependiente de Capital Humano, "actuará como órgano rector, a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales en la materia".
Respecto a la intervención que tendrá la autoridad de aplicación nacional, el decreto explica que la misma será "de manera subsidiaria y/o complementaria a través de la asistencia a las jurisdicciones locales cuando estas no dispongan de los recursos presupuestarios o financieros necesarios".
Para eso, exige que se establezcan mecanismos que garanticen la transparencia del uso de los fondos transferidos.
Según la nueva normativa, a partir de ahora la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias serán las responsables inmediatas de la atención de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle, por lo que tienen "a su cargo la elaboración e implementación de las políticas públicas pertinentes, para lo cual elaborarán sus propios planes y estrategias para abordar la problemática y brindar atención directa a sus destinatarios".
El decreto modifica también las políticas relativas al a una vivienda digna, ya que la ley de 2021establecía que era el Estado nacional quien debía hacerse cargo de garantizar ese derecho, mientras que ahora pasa a estar a cargo de cada provincia.
"Las jurisdicciones locales, en coordinación con la Autoridad de Aplicación, deben elaborar e implementar políticas públicas de vivienda, inclusivas e integrales, tendientes a crear las condiciones para el goce efectivo del derecho de a una vivienda digna para las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle”, dice al respecto el documento publicado con la firma del presidente Javier Milei, la ministra Sandra Pettovello y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
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