Lo que ya concluyó es un procedimiento istrativo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) --el órgano recaudador paraguayo, como si fuera ARCA de Argentina-- que confirmó que Kueider y Guinsel Costa cometieron contrabando y dispuso que sean incautados los fondos para mandarlos al Tesoro Nacional y que la camioneta sea subastada.
En el país vecino se abrió también una causa por lavado de activos contra Kueider y su acompañante. Dos semanas después de la detención de la pareja, el empresario Carlos Guasti, CEO de Petra Urbana, una firma de Real Estate con peso en el mercado inmobiliario paraguayo, reveló en Radio10 que la joven había intentado comprar departamentos en Asunción, por cerca de 700 mil dólares. Fue el 18 de junio del año pasado, cinco días después de la aprobación de la Ley Bases, para la que el voto del entonces senador Kueider fue decisivo. A Guasti le llamó la atención que Guinsel Costa quería hacer la operación "en efectivo" y "a las apuradas". Semanas después, la revista Análisis, de Paraná, reveló informes de inteligencia financiera de Paraguay, que decían que los pagos por seis departamentos se hicieron, uno antes y otro después de la aprobación de la ley en cuestión, pero finalmente le reintegraron el dinero porque la operación no se concretó.
Esa pesquisa quedó llamativamente en el freezer en Paraguay, o por lo menos eso es lo que se les comunicó a los investigadores en Argentina, con argumentos enrevesados sobre dificultades para que interviniera Interpol. Es conocido el buen vínculo entre el presidente Javier Milei y su par Santiago Peña.
El fiscal Domínguez, de San Isidro, imputó a Kueider por lavado en una causa que está conectada con un megaexpediente por pagos ilegales de la empresa Securitas --de seguridad privada-- a funcionarios públicos de diversas provincias. El exsenador estuvo vinculado a la empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) y fue secretario general de la gobernación durante la gestión de Gustavo Bordet. Desde marzo último hay siete personas detenidas en ese caso --por impulso del fiscal y orden de Arroyo Salgado-- todos ligados a Kueider, entre ellos Daniel González, colaborador en el Congreso, a nombre quien estaba la camioneta con la que cruzó a Paraguay y con quien se asoció en la firma Betail S.A, a nombre de la cual adquirió tres departamentos de lujo en Paraná. La cuestión patrimonial es investigada también en Concordia por el fiscal José Arias.
Con las órdenes de detención se conoció un video donde Kueider aparecía contando dinero en su oficina en Paraná cuando era secretario de la gobernación. Las imágenes estaban en un disco rígido hallado en un allanamiento de un departamento del exsenador en Recoleta. Cuando salieron a la luz, el exsenador salió a decir que eran "fondos reservados de la provincia de Entre Ríos". Fuentes de la investigación dijeron a este diario que está corroborado que eran dólares, que hasta se pueden ver los números de los billetes en una imagen detallada y que es evidente que no existen fondos reservados en dólares, con lo cual es algo muy difícil de explicar.
Arroyo Salgado envió ya dos veces el pedido de extradición de Kueider y Guinsel Costa a Paraguay. Técnicos en Cancillería le dijeron que nunca vieron un pedido tan fundado, pero desde ese país esgrimen distintos argumentos para pedirle que lo reformule y trabar el procedimiento. Primero el Ministerio Público Fiscal paraguayo alegó que no había claridad acerca de qué tratado internacional debían aplicar, ya que citaban varios superpuestos lo que les complicaba definir qué órgano debía intervenir, y lo mismo respecto de los delitos imputados. En una segunda ocasión la respuesta fue que el documento tenía "inconsistencias" y pedía las leyes que regulan los tipos penales más resoluciones judiciales argentinas. La jueza y el fiscal, de todos modos, insisten en que sea extraditado junto a la secretaria.
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