El segundo ejemplo es la mirada discriminatoria de los agentes judiciales frente a mujeres criminalizadas o co-imputadas junto con sus parejas por delitos que tienen por víctimas a sus hijos (homicidios, abuso sexual) fundadas en estereotipos vinculados al ejercicio de su maternidad. “En general en estos casos –advirtieron las ONG– se sigue el precedente fijado por la Corte Suprema que resolvió por mayoría confirmar la sentencia de cadena perpetua de una mujer por cometer, por omisión, el homicidio de su hija. Entendemos que para las mujeres acusadas de cometer estos delitos la consideración prioritaria de su historia de violencia resulta determinante para asegurar la garantía de su derecho a la defensa en juicio. El desconocimiento de las particularidades de la violencia en el marco de fuertes relaciones de dominación en el ámbito intrafamiliar, sumado a los prejuicios que definen y refuerzan prácticas discriminatorias por parte de los/as funcionarios/as judiciales promueven procesos de criminalización contra mujeres víctimas de violencia”, indicaron en uno de los informes “sombra” elevado al Comité Cedaw.
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