Como si manipulara un dial de radiofona, la dirigencia poltica ha intentado sintonizar, en estos aos de democracia, la frecuencia justa con que el Derecho Penal debe tratar el delito y a sus autores, garantizar la seguridad ciudadana sin vulnerar las garantas de sus ciudadanos. Los cambios han sido casi siempre espasmdicos, respuestas a un estmulo. La muerte del adolescente Walter Bulacio, en abril de 1991, mostr de manera trgica, adems de la brutalidad policial, la arbitrariedad con que la polica aplicaba las facultades discrecionales que le daban los edictos y otras leyes permisivas, y hasta las normas secretas que avalaban la detencin de menores sin dar intervencin al juez. Esa norma secreta (el memorando 40) fue eliminada de inmediato, pero hubo que esperar casi siete aos para terminar con los edictos, un perverso mecanismo de control social para jvenes, pobres y desocupados. Vino a ocupar su lugar un Cdigo de Convivencia que, entre otras cosas, decidi no castigar el trabajo de las meretrices en la va pblica. De pronto, la prostitucin, que ya exista en tiempos de los edictos, empez a afear el paisaje y entonces hubo que reformar el cdigo dos veces, correr el dial segn el reclamo de un sector del vecindario. Una demanda a la que se sumaron jefes policiales de distintas gestiones, y que incluan, de paso, el regreso de figuras como el acecho o el merodeo, que les devolvieran ese poder arbitrario para detener a sospechosos y sancionarlos por la sola portacin de cara. Todo ese reclamo fue acompaado, llamativamente, por cierto crecimiento del delito y, ms todava, de la sensacin de inseguridad, esa marca abstracta que, muchas veces, crece de la mano de operaciones de prensa, a veces ingenuas y otras mal intencionadas. Fue antes del fin de los edictos que Carlos Menem empez a hablar, desde la cumbre del poder, de la necesidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Era febrero de 1998 y el pas ya estaba en pleno derrumbe de la recesin. La economa comenzaba a caer, el delito creca –el delito comn, no el cometido desde el poder, que ya se haba instalado– y la sensacin de inseguridad iba en aumento. El mismo Menem, meses despus, incorpor los conceptos de “mano dura” y “tolerancia cero” con el delito, una ofensiva en la que se entenda que las garantas individuales constituan una suerte de tolerancia con los delincuentes. Haba que endurecer las penas, aumentar el poder de la polica. Ese ideario fue tomado un ao despus por Carlos Ruckauf, en su carrera hacia la gobernacin, cuando acu aquel histrico concepto de “meter bala” a los delincuentes, una instigacin al gatillo fcil. Eran tiempos en que la primera gestin de Carlos Arslanian intentaba revertir el estigma de la Maldita Polica. Pero la reforma que haba iniciado un ao antes, despus del crimen de Jos Luis Cabezas y de otras tropelas de la Bonaerense, qued trunca. Corra 2001 y, en la misma tnica, hubo que eliminar la ley del “dos por uno”, una norma que haba sido aprobada por los mismos legisladores que la borraron de un plumazo, cuando las crceles ardan, producto del hacinamiento, las vejaciones y las demoras injustificadas en los procesos judiciales. El pas sigui en descomposicin hasta que todo estall. La moda de los secuestros extorsivos –muchos apaados por la complicidad o la corrupcin policial– azuz a los abanderados de la mano dura. El crimen de Axel Blumberg fue un nuevo detonante, pero no uno ms. La movilizacin heterognea que le sigui cre un nuevo escenario donde, otra vez, se enfrentan los defensores de la mano dura con los que pretenden soluciones de fondo, sin lesionar las garantas que tanto cost conseguir. Mientras tanto, el dial sigue en ese zigzag, que parece acompaar los altibajos de la sociedad argentina. 1d5w5l