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El pedido de la UIF responde a que el organismo –que participó en los allanamientos en Santa Cruz– consideró que los embargos ordenados por Casanello, al dictar el procesamiento de Báez y su hijo Martín por lavado de activos, fueron insuficientes. El juez les había embargado 100 millones de pesos a cada uno. Lo que sucede es que con aquella decisión inicial se inhibieron bienes de los procesados, pero no hubo medidas sobre las empresas vinculadas a ellos. Antes de tomar una decisión, el juzgado le pidió opinión al fiscal Guillermo Marijuán. Si hiciera lugar, quedarían paralizadas 28 empresas. Todavía se aguardan las tasaciones los más de 200 inmuebles de Báez y su entorno.
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