Viernes, 28 de octubre de 2016

La semana pasada la Provincia de Buenos Aires adhirió al “Protocolo Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, publicado por el Ministerio de Salud de la Nación en el 2015. La medida implicaba que todas las mujeres que podian considerar que la continuidad de un embarazo puede afectar su salud (tanto emocional como física) o su vida; que el embarazo es inviable o que sufrieron violencia sexual puedan acceder a un aborto en centros de salud y hospitales públicos bonaerenses. Los y las médicos/as que se califiquen objetores de conciencia tenían que avisarlo previamente y no negarle el a su derecho a las mujeres que se presenten en los centros de salud. 1x6t23

La decisión la tomo la Ministra de Salud bonaerense Zulma Ortiz mediante la resolución 2095, el 19 de octubre pasado, en sintonía con la convocatoria contra la violencia hacía las mujeres y el repudio a las muertes por abortos clandestinos. Sin embargo, cuando la medida se hizo pública, por presiones de la Iglesia Católica, la Gobernadora María Eugenia Vidal resolvió vetar la simple adhesión a un protocolo que es, igualmente, de cumplimiento obligatorio por disposición del Ministerio de Salud de la Nación en concordancia con el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2012. El sitio Politica Argentina publicó que la pulseada contra el Protocolo la ganó el Secretario Legal y Técnico, Julio Comte Grand, una reconocida personalidad del Opus Dei que tiene más fuerza en el gabinete que la única Ministra provincial y reconocida sanitarista Zulma Ortiz.

El Ministerio de Salud bonaerense había indicado que “por tratarse en general de procedimientos de baja complejidad, la atención de las mujeres que requieren una ILE puede realizarse en el primer nivel de atención y en forma ambulatoria”, es decir, en los centros de atención primaria de la salud (CAPS) que tengan los recursos necesarios. Ahora la Provincia debe, igualmente, cumplir con los abortos legales, pero es un retroceso en la voluntad de garantía de derechos y reducción de mortalidad materna en el que había avanzado Ortiz.

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