Más allá de los diferentes códigos que existen entre los diversos Pueblos-Comunidades IndÃgenas, lo que las une es la hermandad con la tierra. En la actualidad y desde el 2006 está vigente la ley 26.160 de Emergencia Territorial, que prevé realizar un catastro de todos los territorios indÃgenas y suspender los desalojos. Pero sin embargo existe un muy bajo nivel de ejecución. Asà lo denuncia un informe del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que relevó la aplicación de la norma, al señalar que âla ley parece ser usada más para frenar los reclamos indÃgenas que para reparar el daño que durante más de 200 años sufren los pueblos originarios que habitan el paÃsâ. 3o6u4z
Silvia RamÃrez, abogada y presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho IndÃgena (A.A.D.I), quien desde hace más de una década se especializa en la defensa de los pueblos originarios da cuenta de que: âEl gobierno nacional se hace cargo de los desalojos cuando la sangre llega al rÃo. Un claro ejemplo fue lo que sucedió en la Comunidad Primavera en la provincia de Formosaâ, y hace pocos dÃas el lamentable fallecimiento de Miguel Galván. Un campesino de 40 años, que formaba parte del Mocase-VC y del Pueblo Lule-Vilela.
Miguel vivió, trabajó y murió defendiendo su tierra en el Paraje Simbol, en el lÃmite con Salta, y fue en ese mismo territorio que recibió una puñalada en la yugular por un âsicarioâ de un empresario sojero cuando se negó a desalojarla. Durante todo el año existieron amenazas contra su familia de parte de Paulino Riso, conocido en la zona por ser fuerza de choque de empresarios agropecuarios, los que pretenden hacerse de territorios de campesinos e indÃgenas. Dichas amenazas fueron denunciadas en la comisarÃa regional correspondiente, pero nunca la Justicia actuó a favor del reclamo de Miguel Galván. Sus compañeros, quienes están resistiendo con marchas y acampes en la provincia de Santiago del Estero, dicen que fue una âmuerte anunciadaâ, como también lo ha sido, hace menos de un año, el fallecimiento del joven Cristian Ferreyra, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).
En menos de un año dos muertes en la misma provincia. Tanto Cristian como Miguel eligieron para su vida trabajar la tierra, criar animales, cosechar y sembrar su comida. Ambos defendieron su territorio y a su familia resistiendo corporalmente, ya que la Justicia para ellos no existió, como tampoco el respeto por su vida y sus elecciones.
En el presente y con la impronta de la reforma del Código Civil de nuestro paÃs, Silvia RamÃrez cuestiona los artÃculos que les competen a los Pueblos Originarios, los que dan cuenta de cómo la propiedad comunitaria indÃgena en los artÃculos 2028, 2029 y 2030 debe decidir su forma interna de convivencia cultural y económica. No se los reconoce como personas de derecho público y se les da el rango de persona de derecho privado equiparándolo a un consorcio de edificio o una cooperativa. Además desconoce a los Pueblos IndÃgenas (sólo menciona âcomunidadesâ, instancia menor a pueblos en cuanto a organización polÃtica y sujeto de derecho), no legisla sobre territorio, es decir, lo acota sólo a âtierraâ.
âLa polÃtica del Estado ha sido siempre muy excluyente de los Pueblos IndÃgenas. Existe una queja constante sobre que no hay polÃticas de Estado que continúen más allá del cambio del gobierno. Con respecto a los Pueblos IndÃgenas, la continuidad es clara sobre la ignorancia, exclusión y desprecio hacia ellos. Se ha visibilizado mucho más, pero no gracias al Estado sino a diferentes organizaciones y comunidades-pueblos indÃgenas. Las diferentes comunidades son mucho más conscientes de cuáles son sus derechos y se avanzó mucho sobre esto a partir del convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que está rectificado desde el 2000 y vigente en la Argentina desde el 2001. La reforma de la Constitución argentina de 1994, más allá de las crÃticas, constituye una mejora de lo que habÃa. A partir de aquà las comunidades presionan cada vez más al Estado para garantizar sus derechos.
En la última década, que coincide con las polÃticas económicas que tienen que ver con las empresas trasnacionales, se empiezan a explotar los recursos naturales, el modelo de paÃs agroexportador para ampliar el capital de la Argentina. Esto significa desmonte, ya que todo este mapeo se encuentra en territorio indÃgena. Con lo cual esto es una bomba de tiempo, que ya está explotando en varios lugares. Este modelo desarrollista del gobierno actual ha profundizado el traumatismo de ciertas comunidades.
âDeberÃamos preguntarnos primero: ¿es justo hacer justicia dentro de los parámetros del blanco occidental? Esto no es respetar los derechos de los indÃgenas, porque cada comunidad tiene sus códigos. Hay comunidades que istran su justicia propia, pero cuando esto no es asÃ, tienen muchas dificultades para acceder a la misma. En principio, muchas veces no cuentan con un intérprete, con lo cual no logran ser entendidos.
Se habla de Pueblos IndÃgenas en general, porque existen ciertos puntos en común o de hermandad, como la relación que tienen con la tierra, pero por ejemplo el pueblo wichà es absolutamente diferente del mapuche, es decir, cada pueblo se rige de manera diferente. Algunos prefieren ser más visibles, pero no por esto serán más importantes y fuertes que otros.
âSÃ, por un lado, el mayor grado de conciencia sobre los derechos de los pueblos originarios; normativamente, la existencia de un conjunto de derechos. Jurisdiccionalmente van por buena senda, es cierto que falta, pero hay buena luz. Pero lamentablemente la calidad de los Pueblos IndÃgenas no cambió sustantivamente. El Estado en el mejor de los casos tiene polÃticas asistencialistas. Es habitual también que sostenga polÃticas clientelares, pero por lo general apuntando a su condición de pobres, y no a su calidad de indÃgenas, de de un determinado pueblo que requieren de ayudas que los dignifiquen.
âEl E.n.o.t.p.o (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios), que tiene referentes en varias provincias de la Argentina, quienes ocupan diferentes puestos dentro del Gobierno. Es decir, funcionan con un doble rol respondiendo también al Estado, lo cual arma una maniobra bastante engañosa y hay muchÃsimos intereses en el medio. El antropólogo norteamericano Charles Hales habla sobre el indio permitido, porque el sistema construye una categorÃa indÃgena que sea funcional al sistema, y a sus parámetros. Entonces un gobierno que tiene como bandera la polÃtica de derechos humanos no puede tener abandonados a los Pueblos Originarios.
âCuando el Gobierno puede ir piloteando la situación lo hace, es decir, se hace cargo, ya que a veces la sangre llega al rÃo: un claro ejemplo es lo que sucedió con la Comunidad Primavera en Formosa, en que la represión fue fatal. Esto no es una cuestión de kirchnerismo o antikirchnerismo, pero hoy le toca gobernar a dicho partido y en base a esto se evalúan sus polÃticas. En el presente, el gobierno nacional les da poca contención a los Pueblos Originarios.
âDepende de cada paÃs. Hay organizaciones mucho más fuertes. Bolivia desde ya. Con la asunción de Evo Morales, que los fortaleció y además muestra que existió una organización de âbase potenteâ. En México hay que hablar de estado por estado, ya que coexisten sistemas diferentes. Por ejemplo en Chiapas, está el Estado, la justicia indÃgena tradicional y además los 122 municipios autónomos zapatistas.
âLas comunidades indÃgenas no son una caja de zapatos cerrada, hay una interacción constante con los/las indÃgenas, es por esto que cada vez más se discuten cuestiones de género en el interior de las mismas. Pero más allá de todo, pienso que hay que privilegiar las voces de las mujeres indÃgenas. Por ejemplo, muchas veces ellas no tienen voz en lo público pero dominan el espacio interno. Es por esto que al hablar de polÃticas de género en los pueblos originarios nunca hay que olvidar lo âinterculturalâ, y además respetar sus tiempos; hay prácticas que han indignado a muchas feministas, como por ejemplo con la mutilación genital, pero son prácticas que fueron cambiando.
âNo estamos de acuerdo en cómo está incorporada y regulada la propiedad comunitaria indÃgena en el Código Civil porque no respeta el derecho a la consulta consagrado en los instrumentos jurÃdicos internacionales. Considera a la personerÃa jurÃdica de las comunidades indÃgenas (prevista en el art. 75, inc. 17 de la Constitución nacional) como de Ãndole privada, equiparando por ejemplo a las comunidades con una fundación, un consorcio, etc. También supedita la titulación a que estén inscriptas y que tengan personerÃa jurÃdica y, por último, porque hay mucho más para decir de cada uno de los artÃculos, que son varios, porque si bien este proyecto intenta incorporar elementos del derecho constitucional, lo que hace con la regulación de la propiedad comunitaria indÃgena es âcivilizarlaâ, o sea, atribuirle caracterÃsticas del derecho privado, como si fuera una cuestión de particulares, cuando el componente de lo público y la relación de los Pueblos IndÃgenas con el Estado es central.
âSà y también está previsto en algunas ciudades del interior del paÃs, tales como Rosario, La Plata, Neuquén y Tucumán. Las audiencias fueron muy mal pensadas. Cada una de ellas era de un lapso de 10 minutos, no estaban organizadas temáticamente, o sea que antes de que se hablara de algún tema que tuviera que ver con los Pueblos Originarios, una persona X exponÃa sobre fertilización o cualquier otro tema relacionado con el Código Civil, lo que hacÃa muy difÃcil poder profundizar sobre cualquiera de los aspectos de la reforma.
âHemos organizado una presencia importante en las audiencias para que el tema se visibilice. No queremos parar la discusión sobre el Código, porque dicha renovación es necesaria para la Argentina. También estamos intentando tener entrevistas con cada una y cada uno de los legisladores de la Comisión Bicameral, con la idea de que nos presten más atención. Lo que pedimos es una remisión en el articulado al convenio 169, a la Declaración de Naciones Unidas y a la Constitución, y empezar a discutir una ley respetando el derecho a la consulta.
âPienso que es dar una batalla complicada, pero que vale la pena.
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