Viernes, 23 de enero de 2015

Por Roxana Sandá

El 23 de febrero próximo comienza la primera audiencia del juicio contra Yanina González, una joven con retraso madurativo acusada por el “abandono de persona agravado por el vínculo” de su beba de dos años, que se presume en 2013 fue molida a golpes por la ex pareja de González, un individuo llamado Alejandro Fernández, en libertad pese a las denuncias y acusaciones que figuran en su contra y pese a los antecedentes de tipo violento, maltratador y golpeador de mujeres y niñxs. El día que en el barrio se velaron los restos de Ludmila, la pequeña asesinada, una de las vecinas y ex pareja de Fernández dijo llorando “que esto podría haberle sucedido a mi hijito”. En una oportunidad el hombre le había exigido mantener relaciones sexuales y, como se negaba, llegó a agredir físicamente a la criatura. Gabriela Conder, la abogada de Yanina, había pedido su absolución por falta de pruebas para la imputación o la morigeración de la pena hasta tanto se llegara a una resolución. Todo esto fue desoído por el juez de turno, a instancias de la persona menos pensada, como puede serlo la titular de una fiscalía especializada en delitos de violencia de género, en este caso Carolina Carballido Calatayud, y más tarde por los integrantes de la Cámara de Apelaciones, que sólo concedieron la prisión domiciliaria hasta tanto se sustancie el juicio. 371v3l

El episodio que marcó a fuego el pasado reciente y el presente de Yanina, de 23 años, no es el resultado de un ataque abrupto ni mucho menos se enmarca en el caso policial de turno. El quiebre desnuda una historia de vida signada por violencias antiguas. La de un padre golpeador, las de parejas que replicaron ese comportamiento en forma sistemática; una madre ausente desde la cuna, el propio retraso madurativo que nunca fue contemplado ni asistido desde ningún ámbito institucional. A Ludmila, o Lulú, como su madre sigue recordando a esta hija de una relación anterior, la mataron a golpes porque Yanina se negó a mantener relaciones sexuales, pero también la habían golpeado antes, en reiteradas oportunidades. La joven poco pudo hacer bajo amenaza, como la del 17 de agosto de 2013, cuando trasladó moribunda a Lulú hasta el Centro de Salud de Derqui por los traumatismos craneoencefálico y torácico que presentaba. Ese día Fernández “la apretó” para que no contara nada o le pasaría algo a ella y a la otra beba que llevaba en su vientre, recuerda la abogada Gabriela Conder. El horror sólo pudo ponerlo en palabras y con cuentagotas con el tiempo, ya en la Unidad 33 de Los Hornos, donde nació Tiziana, hoy de un año y dos meses.

Sin embargo, la fiscal Carballido Calatayud se empecinó en que las pruebas echaron por tierra “la versión” planteada por la joven. “González intentó deslindar responsabilidad aduciendo que su ex pareja le había pegado a la nena ese día, que la golpeó contra la cama y la zamarreó, y que le pegaba con el puño cerrado”, argumenta en el pedido de elevación a juicio para justificar la carátula de “abandono de persona agravado por el vínculo”. Decidió, en definitiva, ignorar su vulnerabilidad y acusarla de un “delito de omisión”, como es el abandono de persona, cuando debió investigar un “delito de acción”, como fue el homicidio calificado de la niña. “Durante la investigación no se indagaron pistas alternativas que permitieran identificar al autor del hecho, aun cuando los indicios apuntaron siempre a Fernández”, detalló Conder. “La interpretación de la fiscal y de la Justicia es que, por ser la madre de la beba, Yanina es la que debe garantizar sus derechos, y que en este caso no cumplió con su rol de garante, algo así como que ella no hizo lo que tenía que hacer para que el tipo no la matara a golpes a la nena, desconociendo todo lo que sufre o pasa una mujer que está viviendo una situación de violencia, sometimiento, opresión y amenazas. Lo paradójico es que la causa esté radicada en una fiscalía especializada en violencia de género”. La periodista Laura Salomé Canteros, que cubre el hecho desde sus inicios para el periódico Marcha, caracterizó el caso como un femicidio vinculado. “El acto delictivo acaecido, el asesinato a golpes de su hija de dos años presuntamente en manos de su pareja, Alejandro Fernández, podría haber sido investigado como femicidio vinculado, según lo indica el inciso 12 del artículo 80 del Código Penal de condena a quien asesina ‘con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación’ en un contexto de hogar violento.” Al parecer, la fiscalía también habría desconocido este capítulo.

En marzo de 2014, Yanina prestó declaración indagatoria en el Juzgado N 6 de Garantías de San Isidro, a cargo de Nicolás Ceballos, acompañada de su abogada, que en esa instancia exigió la absolución por falta de respaldo probatorio de la imputación o la morigeración de la pena hasta tanto se disponga su sobreseimiento o absolución, o se arribe a una condena. La negativa del juez y el posterior rechazo de la Cámara de Apelaciones a un nuevo pedido de excarcelación inmediata y anulación de prisión preventiva contra Yanina derivaron hace tres meses y como beneficio extraordinario en la prisión domiciliaria en una vivienda humilde del conurbano bonaerense, en Moreno sur, lugar cedido gracias a la solidaridad de Carina Leguizamón, una militante de base que acompañó desde el principio las luchas del frente de mujeres exigiendo justicia para Yanina. “Decidí ofrecer mi casa como domicilio legal para que transcurriera su período de prisión hasta que culmine el juicio porque ella sólo nos tiene a nosotras, las activistas de los barrios y de los movimientos de mujeres. Nunca recibió ayuda del Estado, ningún funcionario detectó la gravedad de su situación. A Yanina todavía le cuesta entender por qué se la juzga. Fue encarcelada estando embarazada y sin tener plena conciencia del delito que le tiraron por la cabeza. Porque fue así, le colgaron una mochila de muerte que hoy debería cargar otro.”

Carina se arremanga: va haciendo más guisos y más lugar del poco que ya había en esa casita aún en construcción del Plan Federal de Viviendas. Madre de diez hijos, a punto de convertirse en abuela de un primer nieto, esta integrante de Vecinos Organizados en Moreno Sur, “una movida que se fue consolidando con los años y que nos fortalece en la lucha diaria”, asegura que siempre valdrá la pena convertir cuatro paredes en refugio de mujeres, sobre todo de aquellas discriminadas por género, por madres solas y pobres, y por los prejuicios enquistados “en una clase judicial con actitud cero frente a la perspectiva de género y los derechos humanos”.

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