Viernes, 14 de octubre de 2011

Por Sebastián Hacher

Hace un mes, desde la fiscalía dieron por cerradas las líneas que llevaban hacia el interior de la fuerza, y se concentraron en analizar las relaciones de la víctima. “En esos ambientes —explicó un criminólogo que sigue la causa de cerca— se es más frágil que en otros. Los gays son propensos a que los maten así.” La frase —el equivalente al prejuicio que sugiere que una mujer de minifalda es candidata a ser violada— no sólo queda en el terreno de la retórica. También tiene consecuencias prácticas: se pone en tela de juicio a las víctimas y a su entorno, apuntando a hacerlos responsables de los crímenes en su contra. 6o4b4w

El martes pasado, Gaby —el viudo de Octavio— sintió que alguien golpeaba la puerta de su departamento. Preguntó quién era y del otro lado respondió una voz gruesa, casi marcial:

—Policía. Es un allanamiento. Abra o rompemos la puerta.

Unos días antes había presentado un escrito en Tribunales para ser querellante. Al momento de morir, él y Octavio pensaban casarse luego de más de una década de convivencia. El asesinato fue para Gaby como si le hubiesen arrancado una parte de su vida. Estuvo casi tres meses para animarse a guardar las cosas de Octavio en cajas, para desarmar el placard y convertir la casa que compartieron en el hogar de un hombre solo.

La policía llegó para revolverlo todo, para desarmar cada una de esas cajas y desparramar su contenido por el suelo.

—Estamos buscando el arma reglamentaria y el chip del teléfono de Octavio Romero —dijo uno de los policías cuando Gaby abrió la puerta.

Después del asesinato, el arma reglamentaria nunca apareció. Una de las hipótesis es que Octavio —que no solía andar con ella encima— la había dejado guardada en la guardería o en su locker en el Edificio Guardacostas, luego de una práctica de tiro obligatoria. Eso nunca se pudo comprobar: desde la Prefectura abrieron el cofre y le dieron parte de su contenido a la madre de Octavio antes de que lo allanaran. Cuando la Justicia revisó el lugar, ya estaba vacío y el trámite fue una formalidad. La llegada de la policía a la casa de Gaby cuatro meses después del crimen parecía tener el mismo carácter, aunque otro contenido. Los allanamientos fueron cuatro y simultáneos: además del lugar donde vivía la pareja, el juez Ramos Padilla ordenó revisar las casas de la madre, del padre y de un ex novio de Gaby. En todas buscaban lo mismo. En la casa materna lo hicieron con mayor brutalidad: uno de los oficiales de la Bonaerense se entretuvo desparramando con pocos modales la colección de carteras que la mujer cuidaba con recelo y prolijidad.

—Yo veo tantos indicios de que la Prefectura tiene algo que ver —dijo uno de los familiares de Gaby dos días después del operativo en una entrevista con la fiscal Estela Andrades de Segura—. No sé por qué pierden el tiempo en nosotros.

—Teníamos muchos testimonios que indicaban que el arma y el chip del teléfono podían estar en la casa de Gabriel o en la de alguno de sus familiares —le respondió la funcionaria judicial.

¿De dónde son esos testimonios? La fiscal no quiso aclararlo, pero tampoco es difícil adivinar: incluso en el grupo de Facebook donde se pide justicia por Octavio hay mensajes insultantes de oficiales de la Prefectura. En particular, uno de ellos parece muy enojado porque se recuerda a Octavio en su condición de homosexual.

¿Cuánto del oscurantismo de las fuerzas sale a la luz con este asesinato y su investigación? Desde el Ministerio de Seguridad dicen que en la línea donde se pueden hacer denuncias anónimas se reciben pocos llamados denunciando acoso por la orientación sexual de los agentes. Si son pocas porque el maltrato está naturalizado, es algo que se sabrá pronto: los funcionarios que trabajan con la ministra Nilda Garré diseñaron una encuesta sobre maltrato laboral, en el que hay varias preguntas específicas sobre cuestiones de género y orientación sexual.

Octavio murió con la ilusión de hacer uso de la ley de matrimonio igualitario y casarse con el amor de su vida. Uno de los pasos más importantes que tenía que dar era pedir la venia de sus superiores. Un permiso que había pedido informalmente, y que luego tendría que repetir por vías legales. A Octavio le preocupaba dar ese paso: sus jefes ya le habían adelantado que lo mejor iba a ser no casarse de uniforme, y un grupo de colegas lo había encerrado en una habitación para increparlo.

Quizá los que vengan detrás de él tengan una vida un poco más fácil. Dos semanas antes de que lo mataran, una resolución interna del Ministerio de Seguridad revocó esa norma que obligaba a pedir permiso para casarse. Octavio no llegó a saberlo.

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