La cartera de Salud reconoció que son numerosas las consultas respecto a estudios y procedimientos que son inherentes al trabajo del auditor privado. Es por ello que este Ministerio afirmó que se va a solicitar a la empresa Los Lapachos, que sería de Jujuy, “que se comunique directamente con los intendentes de cada municipio de la provincia” para coordinar la realización de auditorías en espacios más accesibles para la población local.
Los senadores manifestaron nuevamente su preocupación en la sesión de la Cámara del jueves último y solicitaron otra vez una prórroga para la presentación de los certificados exigidos en la auditoría. Y aunque alguno amenazó con ir a la Justicia, hasta ese jueves parecían tan desorientados como los beneficiarios respecto de los pasos a seguir.
Por ahora, las únicas auditorías que fueron suspendidas son los beneficiarios de pensiones no contributivas que residen en el departamento Rivadavia. La decisión se tomó luego de un pedido de la provincia, que reaccionó ante los reclamos de los beneficiarios de la zona que en medio de la catástrofe de la inundación provocada por los desbordes de los ríos Pilcomayo y Bermejo fueron intimados con cartas documento para comparecer a verificar su discapacidad.
El gobierno nacional corroboró su ignorancia respecto de la geografía salteña al enviar cartas documento para que algunos beneficiarios se presenten a 500 kilómetros de sus lugares de residencia. Además, en algunos casos, hay grandes accidentes geográficos entre el lugar de residencia del beneficiario y el lugar a donde debe realizarse los estudios, con lo cual se agiganta la distancia. Por ahora, se desconoce si esta situación fue subsanada.
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