El diputado de Unión por la Patria Gustavo Pulti valoró que el fin del proyecto es habilitar el endeudamiento “para seguir haciendo obra pública, invertir en rutas, escuelas, centros de salud en medio de un contexto de recortes del Gobierno nacional y de reducción de los ingresos coparticipables para la provincia y los municipios”, por eso sostuvo que ante ellos “la solución es acceder al crédito, en términos de mucha responsabilidad fiscal porque la política de créditos de Kicillof hace que se reduzca el endeudamiento histórico”.
“La forma de distribución del fondo previsto a los municipios será a través del CUD, para garantizar la transparencia, aunque hay que destacar que la Provincia ya entregó también un fondo especial para seguridad”, dijo.
“Estamos ante lo que será un segundo funeral”, ironizó un senador de la oposición. Luego dejó trascender qué quiso expresar: según él, que el texto tendrá el mismo destino que el Presupuesto y la Ley Impositiva, que no encontraron aprobación el año pasado porque que sólo fueron votados por el oficialismo.
La ensenadense González, parte del Movimiento Derecho al Futuro, cuestionó a la oposición por “votarle todo” a Javier Milei en el Congreso y poner trabas a las propuestas de Kicillof.
La reunión duró dos horas y media, dado que luego de la exposición el funcionario respondió una serie de preguntas que realizaron los legisladores Marcelo Daletto, Romina Braga, Silvina Vaccarezza, Matías Civale y Susana González, entre otros. Ante la ausencia de la vicegobernadora Verónica Magario, acompañó al funcionario el secretario istrativo del Senado, el economista Roberto Feletti.
El proyecto que el gobernador ingresó a la Legislatura a través del Senado pide en sus primeros artículos la autorización para tomar deuda por el equivalente a 1.045 millones de dólares y para la emisión de Letras del Tesoro por el equivalente en pesos a 250 millones de dólares.
Según Kicillof, el dinero será utilizado para hacer frente a deudas anteriores de la istración bonaerense, como también a financiar obras de infraestructura. Indicó que la istración de María Eugenia Vidal tuvo autorización para tomar deudas por montos mayores a 3.500 millones de dólares.
El proyecto del gobernador incluye, además, la declaración hasta el 31 de diciembre de 2026 de siete emergencias, que habían vencido en marzo último. Se trata de aquellas en materia penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética. Esto permite a las carteras afectadas, poder tomar medidas y realizar contrataciones de un modo más laxo que en las situaciones regulares.
En ese contexto, encomienda al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a llevar adelante el proceso que culmine con la implementación de la revisión tarifaria integral del servicio de energía eléctrica, “que le permita alcanzar los acuerdos de entendimiento para resolver de modo armónico las cuestiones suscitadas con las empresas concesionarias durante la emergencia energética, confiera sustentabilidad a la prestación del servicio con la normalización de la etapa de transición tarifaria”.
El texto contempla también la creación de 489 cargos para el Poder Judicial, 1.500 para el Servicio Penitenciario y otros 260 para el área de Niñez y Adolescencia, al tiempo que suma 5 mil horas cátedra para la escuela secundaria.
“Ante este panorama es que se vuelve indispensable contar con las herramientas necesarias para fortalecer las capacidades del gobierno provincial y hacer frente a las demandas emergentes, optimizando el uso de los recursos y orientando el gasto hacia políticas públicas que permitan dar una respuesta oportuna y adecuada a las necesidades más urgentes de la población y al sostenimiento de inversiones en los municipios de la provincia”, justificó el mandatario.
Uno de los momentos que captó la atención de todos fue cuando el senador Daletto dijo que recurriría a la Justicia, dado que la istración bonaerense se endeuda sin autorización, en referencia a la prórroga de la normativa fiscal. López negó que eso sea así.
Otro foco se lo llevó el encuentro entre González y el diputado massista Rubén Eslaiman, que en las últimas horas intercambiaron pirotecnia tuitera pero terminaron a los abrazos y sentados juntos.
“Es difícil tratar el tema de las emergencias, votar emergencias en este momento en el cual no tenemos un presupuesto ni una fiscal impositiva. Es darle demasiado poder a un gobierno sin tener en cuenta el valor que tiene el Poder Legislativo. Al fin y al cabo, criticamos al Gobierno Nacional y nos estamos pareciendo al Gobierno Nacional”, reclamó la diputada Vaccarezza, de UCR+Cambio Federal.
Por su parte, el vicepresidente del bloque PRO en el Senado, Alejandro Rabinovich, cuestionó la exposición del ministro al definirla como “un pedazo de lo que había presentado en octubre del año pasado”, poniendo el foco en que “es parte de lo que ya presentó en septiembre, donde habíamos avanzado en el fondo de los intendentes y que no quisieron discutirlo en su momento, con lo cual lo que vemos es una obstinación por parte del gobernador de volver a insistir con la misma” y sentenció: “No veo ninguna posibilidad de poder avanzar cuando del otro lado hay obstinación”.
Desde los sectores de Unión por la Patria que no están alineados con Kicillof, como así también desde la oposición dejaron en claro los puntos que se pondrán en debate. Primero, no hay acuerdo con la propuesta de dar un ocho por ciento de la deuda que se vaya a tomar a los intendentes, considerando que debe establecerse una suma fija, dado que del modo en que está expuesto en el proyecto no queda claro de cuánto será el monto de base.
En otra línea, la Legislatura insistirá en la condonación de las deudas que los municipios tienen con la Provincia por dos fondos otorgados durante 2020. Uno fue para atender la emergencia sanitaria por coronavirus y el otro para destinar al pago de salarios de los empleados municipales.
La propuesta del gobernador, por contrario, apunta a suspender hasta el 31 de diciembre de este año el cobro de esas deudas. Hay varios municipios en problemas. Según se expuso en el plenario, sobre el primero hubo solo 20 de 135 que no lo pidieron; mientras que el segundo hubo solamente 50 intendentes que no requirieron la ayuda.
Desde el sector más cercano a Kicillof, en tanto, dieron señales de que el texto no sería demasiado permeable a los cambios.
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