Boric detalló la hoja de ruta que seguirá el país en base a las recomendaciones entregadas por la "Comisión para la Paz y el Entendimiento", creada a mediados de 2023 para avanzar en la restitución de las tierras a las comunidades mapuches. El conflicto, subrayó Boric, puede resolverse "con las herramientas de la democracia y la buena política", en tanto el informe final de la Comisión ofrece "una oportunidad única e irrepetible para alcanzar la paz".
"El diagnóstico sobre el actual sistema de tierras indígenas es categórico: no solo es deficiente, sino uno de los principales factores que agravan el conflicto", indicó Boric en base a las conclusiones de la Comisión, aprobadas por siete de sus ocho a principios de mayo. Según cálculos del organismo, puntualizó el jefe de Estado, el actual sistema ofrece resultados "intolerables", ya que el a tierras por parte de la población mapuche implica una espera de años, incluso décadas.
Un nuevo sistema, afirmó Boric, permitiría "cerrar el tema de tierras de manera definitiva", destacando el "aporte histórico" de la Comisión "pues va a la raíz más profunda de este conflicto". Esta nueva institucionalidad será sometida durante el segundo semestre de este año a un proceso de consulta con el pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa del país, según define el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El gobierno chileno recogió la propuesta de la Comisión para alcanzar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, por lo que enviará una reforma a la carta fundamental dentro de los próximo meses al Congreso, donde no tiene mayoría parlamentaria. Por otro lado, se anunció la creación de un nuevo órgano de asuntos indígenas de "alta jerarquía" en el Estado, junto con un plan de reactivación económica específico para las provincias de Arauco y Malleco, dos de las más afectadas por la violencia rural, diseño que estará a cargo de la cartera de Economía.
El pueblo mapuche reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la "Pacificación de La Araucanía" y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales. En ese contexto, en las sureñas regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios. El conflicto también le costó la vida a un gran número de comuneros mapuches a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas.
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