Durante la reunión, los apoderados Raúl Medina y Guillermo Ramos expusieron los alcances del fallo de Servini. La vicepresidenta del PJ Salta, María del Socorro Villamayor, explicó a Salta/12 que la magistrada consideró que no había fundamentos para intervenir el distrito y que, además, los procedimientos utilizados fueron incorrectos. "Principalmente, porque la intervención fue dispuesta por el Consejo Nacional, y no por el Congreso Nacional, que es quien debe tomar esa decisión", señaló.
"Hoy nos reunimos por primera vez todos los del Consejo Provincial del PJ, y tomamos conocimiento de la situación en la que se encuentra el partido, dado que la sentencia de la jueza no tiene carácter devolutivo", explicó Villamayor. Es decir, el fallo no impide la continuidad de las autoridades restituidas. Aunque el PJ Nacional apeló la decisión, como no tiene efecto suspensivo, la conducción local volvió a ocupar sus funciones.
En ese sentido, la secretaria política, Frida Fonseca, detalló a este diario que el proceso legal sigue su curso. "Estamos a la expectativa de una disposición final sobre el tema", afirmó. Mientras que sobre el pedido de rendición de cuentas, explicó que se realizó “para salvaguardar las responsabilidades vinculadas a la istración de los recursos institucionales del partido”.
Los apoderados destacaron que la sentencia de Servini subrayó la falta de argumentos sólidos para justificar la intervención. “Simplemente hubo una diferencia de criterios políticos entre la conducción nacional y la provincial”, señalaron. Además, remarcaron que en el distrito Salta no existía ningún conflicto ni anormalidades institucionales que pusieran en riesgo la continuidad del partido, ni un desgobierno interno, acefalía o incumplimiento de obligaciones legales que afectaran la personería jurídico-política.
Villamayor explicó que la intimación a los interventores busca conocer el destino de los fondos partidarios, tanto propios como aquellos correspondientes a aportes electorales. El pedido tiene fundamento en el desempeño del PJ en elecciones anteriores, que le valieron un importante caudal de votos y, en consecuencia, fondos del Tribunal Electoral para este año.
La dirigente señaló que en las elecciones provinciales últimas, de mayo, el PJ no presentó candidaturas en ningún municipio ni distrito. “Necesitamos saber qué se hizo con esos fondos”, sostuvo. Y agregó: “Antes de la intervención, el PJ tenía superávit, con millones de pesos fruto de una istración ordenada y transparente”.
En la reunión también se definieron líneas de acción para los próximos meses, como capacitaciones dirigidas especialmente a los convencionales municipales electos por el PJ, actividades para la juventud, y otras iniciativas orientadas a reactivar la vida partidaria. Fonseca adelantó que este programa es una continuidad de las políticas implementadas por la actual gestión encabezada por Amat. Por ello, desde el Consejo Provincial enfatizaron que “el justicialismo salteño está nuevamente en movimiento”.
Fonseca resaltó que desde su Secretaría se planteó “la necesidad de definir las líneas de acción política que se llevarán a cabo en los próximos meses, para fortalecer la tarea social del partido y reivindicar el rol del justicialismo en el actual escenario electoral”. Subrayó la importancia de representar los intereses del pueblo salteño, “sobre todo frente a un gobierno nacional que avanza sobre los derechos de los ciudadanos y asfixia a las provincias”.
Finalmente, el Consejo Provincial ratificó su respaldo a la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, principalmente en lo que hace a la defensa del federalismo y los derechos de las provincias. Denunció una "arremetida brutal" del gobierno nacional contra los derechos de las infancias, los jubilados, personas con discapacidad, así como el encarecimiento de los alimentos y la pérdida de derechos sociales. “Es un gobierno extremadamente cruel, que avanza sin contemplaciones sobre las necesidades de la gente”, concluyó Fonseca.
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