Estafa histórica | Panorama ecónomico

La lista de ejemplos es mucho más amplia porque las desmentidas de la realidad a las palabras de los funcionarios ocurren casi invariablemente cada semana. La promesa de pobreza cero era una burla ya desde un principio. La conclusión de ese comportamiento sistemático de generar un relato inventado es que no tiene demasiado sentido detenerse en lo que diga el Gobierno sobre lo que está haciendo y lo que hará sino que más bien conviene observar los hechos concretos. Es un ejercicio indispensable para anticiparse a las transformaciones en marcha y generar el debate sobre los resultados que provocarán esos cambios. Si las mentiras son flagrantes en aspectos tan visibles como los mencionados al comienzo, empezando por el ida y vuelta con Fútbol para Todos, lo que está sucediendo en cuestiones más técnicas es directamente una estafa histórica.
Estafa Histórica debió haberse llamado la ley que el oficialismo bautizó como de Reparación Histórica para los jubilados. En los ‘90, Domingo Cavallo le puso Ley de Solidaridad Previsional a una de las iniciativas más perjudiciales para el sector, con lo cual el macrismo recupera una práctica habitual de los gobiernos de derecha de disfrazar sus verdaderas acciones mediante dosis concentradas de marketing y cinismo. Lo que debería recordar Cambiemos y la dirigencia que lo acompaña es que cuando la realidad hizo estallar en 2001 la burbuja del marketing por su propio peso lo que arremetió fue el “que se vayan todos”. Es un camino peligroso el que transita el Gobierno, que pone en riesgo vidas, haciendas e instituciones.
Las advertencias unánimes de especialistas en temas jubilatorios sobre las deficiencias de la ley de Reparación Histórica se van verificando en la práctica a poco de andar.

Contra lo prometido, la Anses no está ofreciendo a quienes tienen sentencia firme pagarles el juicio que ganaron, sino que les está planteando acuerdos a la baja. Esto es porque utiliza un índice para calcular la actualización de las remuneraciones (Ripte) que arroja resultados menores al índice que utiliza la Justicia (Isbic), de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Las diferencias son mayúsculas. A modo de ejemplo, un jubilado por la ley 24.241 que gana actualmente 8369 pesos y que debería tener una actualización de su ingreso hasta 23.050 pesos de acuerdo a los parámetros judiciales, acaba de recibir una propuesta de “reparación histórica” de 9733 pesos. Son 13.300 pesos menos. En este caso se observa una particularidad adicional, sobre la que ya están alertando los estudios jurídicos dedicados al derecho previsional: la Anses está haciendo mal los cálculos dentro de los parámetros que fija la propia ley, lo cual seguramente derivará en una avalancha de nuevos juicios para hacer cumplir lo que garantiza la norma. En el ejemplo mencionado, la “reparación” debería ser de 13.701 pesos según esa ley, en lugar de los 9733 ofrecidos. Son 4100 pesos menos. Otro jubilado, en este caso por la ley 18.037, cobra actualmente 15.141pesos: con la reparación lo llevan a 36.733, cuando las estimaciones de los abogados que lo representan lo sitúan en 41.474 pesos usando la misma ley. Y si se siguieran los criterios de la justicia, el monto debería ser de 56.778 pesos. Estas inconsistencias obedecen a que la Anses está haciendo algo insólito: estima actualizaciones a grandes rasgos, sin detenerse en análisis rigurosos expediente por expediente, dado que su capacidad operativa le permite liquidar de 4 mil a 5 mil juicios por mes, muy lejos de los 600 mil casos que ya resolvió en apenas tres meses desde la promulgación de la ley. No es que los equipos técnicos de Emilio Basavilbaso, el jefe de la Anses, se hayan transformado en superdotados, para pasar de 15 mil a 600 mil expedientes en tres meses, sino que hay una decisión política de rifar el sistema previsional. Más abajo se volverá sobre este punto, que es central para explicar las implicancias de la reforma del sistema jubilatorio que prepara Cambiemos, con la vuelta de las AFJP.
A los que tienen sentencia firme, además, se les achica el monto de los retroactivos que acompañan la actualización de haberes. Esto es porque la ley de Reparación Histórica los dispuso desde el momento del traslado de la demanda, en lugar de hacerlo desde el primer reclamo por vía istrativa. En promedio, esto equivale de ocho meses a un año menos de retroactivo. Para quienes no tienen sentencia firme, la reducción puede ser muy superior, puesto que la ley fijó un tope de cuatro años, cuando hay juicios iniciados antes que eso.
El reconocimiento del Estado de que estaba liquidando mal las jubilaciones está multiplicando la litigiosidad previsional, en lugar de terminarla, como había prometido el Gobierno en los fundamentos de la ley. Jubilados con mayores condiciones físicas y económicas para esperar juicios que se resuelven en tres o cuatro años, más cuando la propia Anses ite que está en falta, están iniciando acciones legales para exigir la actualización de sus haberes y los retroactivos correspondientes al margen de la oferta de “reparación histórica”. La Anses está haciendo una invitación masiva, servida en bandeja, para litigar contra el Estado, y con lógica, cada vez son más los jubilados y los abogados que aprovechan la oferta. Basavilbaso itió esta situación el último miércoles en el Congreso, pero en lugar de hacer autocrítica por haber multiplicado los riesgos de litigiosidad previsional, se justificó diciendo que “ahora la gente tiene confianza en que le van a pagar”. Pero se olvidó de aclarar que la reparación histórica era supuestamente para terminar con los juicios, no para acrecentarlos de manera exponencial.

*Otra consecuencia de la confesión de violación de derechos previsionales que hizo el Gobierno con la ley de Reparación Histórica es que el Estado argentino será demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por vulnerar el acuerdo de solución amistosa al que había llegado el kirchnerismo en 2009, en la causa Menéndez y Caride, por el cual entre otros compromisos la Argentina asumió la obligación de liquidar las sentencias judiciales firmes en el plazo de 120 días. Como el macrismo ahora no paga las sentencias sino que ofrece acuerdos a la baja, afectando derechos que, como los previsionales, son irrenunciables según la Constitución, expone al país a una condena en ese tribunal internacional. “Estamos estudiando el caso para hacer la denuncia”, anticipó Federico Bobrovsky, experto del estudio que en 2009 firmó con el gobierno el acuerdo de solución amistosa.

El universo de jubilados alcanzados por la reparación histórica no serían 2,5 millones, como sigue diciendo la Anses, sino a lo sumo un millón, de acuerdo a lo que surge de los propios datos oficiales. Es un debate que se arrastra desde la presentación del proyecto y cuya resolución no tardará en producirse. Como vienen las cosas, otra vez el cálculo oficial habría estado largamente sobredimensionado para darle mayor espectacularidad política.
La reparación para quienes no hicieron juicio no alcanza a compensar en la mayoría de los casos la pérdida de poder adquisitivo que los jubilados sufrieron este año por una movilidad del 32 por ciento contra una inflación en torno al 45. Los datos oficiales son muy imprecisos, pero para 191 mil personas la actualización de haberes llega a un máximo de 550 pesos. Dentro de ese universo, serían miles los casos en que no son ni siquiera 100 pesos, pero esa información es una incógnita porque la Anses no lo reveló. En conjunto, hasta el momento cobraron la reparación 600 mil jubilados, de los cuales un tercio recibieron hasta 550 pesos (191 mil), y otro tercio (214 mil), hasta 1550 pesos. Son montos muy lejanos a las expectativas que despertó un título tan rimbombante como reparación histórica.
La Anses sigue sin aclarar qué ocurrirá si los 600 mil jubilados que empezaron a cobrar la reparación rechazan o no homologan en la Justicia lo que les dieron de manera automática, sin haber hecho ninguna solicitud ni expresado ninguna aceptación del convenio. ¿Les sacarán lo que les aumentaron? ¿Les obligarán a devolver la plata? El desmanejo es gigantesco. A la vez, la Anses aceptó pagar 1150 pesos a cada abogado que solo concurra a homologar los acuerdos, sin que eso les implique ninguna tarea más que poner la firma. Es un costo para el Estado de 2900 millones de pesos en caso de que sea cierto que hay 2,5 millones de jubilados implicados, o de 1150 millones si fueran un millón. En cualquier caso, se trata de un gasto multimillonario por algo que no resuelve la litigiosidad previsional ni repara históricamente a casi nadie.
El compromiso asumido por la Anses achicará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La disminución será de 10 mil millones de dólares en cuatro años si el blanqueo funciona bien y aporta 5000 millones de dólares, o de 15 mil millones en caso de que fracase el blanqueo, de acuerdo a la propia estimación que publicó la Anses.

Basavilbaso dijo en el Congreso que hay que darle una oportunidad a la vuelta del ahorro privado al régimen de jubilaciones, y también sostuvo que en 2035 el sistema actual será insostenible. Tal como se había señalado, la “reparación histórica” lo que está haciendo es acelerar los procesos, desfinanciando la jubilación pública y generando las excusas para su privatización, mientras que las promesas de terminar con los juicios de los jubilados son exactamente lo contrario, y lo que cobra una mayoría es chaucha y palitos. La estafa histórica que significaron las AFJP está engendrando con la Reparación Histórica su segunda criatura.

Este artículo fue publicado originalmente el día 29 de octubre de 2016

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