Se trata del juicio que comenzó en noviembre de 2023, por delitos de lesa humanidad cometidos en la antesala de la última dictadura cívico militar en Villa contra la histórica protesta conocida como "El Villazo".
La medida que se realizará esta semana forma parte del debate que tiene a una veintena de acusados. "Allí no solo funcionó un centro clandestino de detención, sino que era un espacio operativo de las fuerzas represivas. Desde ahí se organizaban. Esto estaba dentro de la propia planta de Acindar. Ahí convivían la policía federal, junto a otras patotas represivas como la triple A. Todo en coordinación con la empresa que pagaba un plus por sus servicios", dijo el abogado Federico Pagliero, que conforma el equipo querellante de Apdh con Gabriela Durruty, Julia Giordano y Jesica Pellegrini.
Según indicó el letrado, se inspeccionará lo que fuera el albergue de solteros de la planta. "En aquel momento había un barrio dentro del predio y ese albergue funcionaba para alojar a personal jerárquico que venía de otras localidades". Además recordó que "unos meses antes de la llegada de la democracia (en la 1983), en procura de la impunidad, Acindar ordena la demolición del albergue, por lo que hoy nos encontramos con ruinas de lo que fue ese centro clandestino. Lo que podremos hacer es ubicar dónde se encontraba y eso también es importante para el pueblo, porque siempre fue vox populi que ahí existió eso; y hoy ese relato atraviesa la puerta de la justicia".
Para el equipo querellante, la inspección judicial "no tienen una significación sólo jurídica sino primordialmente de reconocimiento de la historia de un pueblo". Al mismo tiempo, la medida cobra relevancia ya que, como recordaron, "es la primera vez en la región que se juzga la responsabilidad empresaria en el genocidio perpetrado desde el Estado terrorista".
Se trata de los civiles (Roberto Pellegrini, exjefe de personal de Acindar y Ricardo Torralvo, era personal jerárquico de la empresa) que pertenecían a la empresa Acindar en la región. El expediente aborda además la responsabilidad de expolicías federales y un expolicía santafesino. De los 69 casos que se ventilan, 11 son homicidios calificados. Los demás delitos imputados son privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y asociación ilícita.
Desde Apdh describieron desde un principio que se trató de delitos contra la histórica lista Marrón que ganó las elecciones de la UOM Villa Constitución de 1974 y que los hechos cometidos "tuvieron como objetivo derrotar la lucha sindical". "El operativo 'Serpiente roja del Paraná' fue una prueba piloto del terrorismo de Estado en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que luego se aplicaría durante la dictadura de forma sistemática".
Por todo, desde Apdh, Memoria Verdad y Justicia por el Villazo, Hijos del Villazo, 22 de Abril, UOM Villa Constitución, Aceiteros Rosario, CTA Autónoma Villa Constitución, Amsafé y CTA de los Argentinos, invitan a participar del acto que se llevará adelante el miércoles, a las 9.30, en las puertas de Acindar para acompañar a quienes serán testigos de la inspección de la justicia.
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