A la jueza Andrade, que fue quien resolvió liberar a todos los detenidos de aquella noche ya que no había actuaciones policiales que dieran cuenta de las razones por las que eran acusadas ni dónde estaban alojadas, Servini le solicitó que le informe cuál es la situación de esas actuaciones.
Hubo, es conocido, 116 detenidos/as, y la fiscalía que interviene avanza con imputaciones basadas en relatos policiales --como se suelen justificar la represión y los arrestos en las marchas-- entregados con posterioridad que hablan de repetidos casos de personas a las que se les adjudica haber tirado piedras, o agredir a policías u prender fuego tachos de basura. Las clásicas descripciones que luego puede llevar meses corroborar. En la Ciudad, se los puede imputar, y después verificar pruebas. También le consulta por la causa sobre el daño al patrullero, por el que hay una persona que fue condenada en un juicio abreviado, y cumple una pena de prisión de un año y cinco meses y otra que apeló, que está con prisión preventiva, y cuya defensa cuestiona la presencia sospechosa del patrullero con las puertas abiertas a dos cuadras del Congreso.
Lo que queda claro con las medidas que se están tomando, y los elementos incorporados en estos últimos días (como los reglamentos de Gendarmería que evidencian reconocen que las pistos lanzagases, como la que se le disparó a Grillo, pueden matar) es el abanico de anomalías que hicieron del procedimiento que debería ser de seguridad, un operativo violento y abusivo.
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