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Políticas no neutrales sobre la red 4w11c

Diego Rossi sostiene que recientes iniciativas en Brasil y Colombia contextualizan críticamente la concurrencia liberal a la “neutralidad de la red” y plantean diferentes construcciones políticas y estratégicas que permiten interpelar la situación argentina.

 Por Diego Rossi *

La neutralidad de la red garantiza “a cada el derecho a acceder, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o protocolo a través de Internet sin ningún tipo de restricción, discriminación, distinción, bloqueo, interferencia, entorpecimiento o degradación” (art. 56 Ley Argentina Digital).

Esta u otras definiciones generales no resuelven por sí mismas las fuertes implicancias de las movidas de los oligopólicos prestadores de servicios, generadores, distribuidores y exhibidores de contenidos, la mayoría con casa matriz en Estados Unidos, España o México. A la lista de multimedios y telefónicas, no dejemos de agregar actores más transnacionales si cabe, como Google-YouTube, Facebook-WhatsApp o Netflix.

Son intereses poco neutrales. Las políticas públicas de los Estados resultan claves, más aún cuando el comercio electrónico y las conexiones jaquean la jurisdicción nacional, reeditando una suerte de puja entre librecambistas y proteccionistas del siglo XXI.

Marco civil de Internet: reglamentación participativa. En Brasil, 5º país del mundo en s de Internet, mientras está previsto un ambicioso Plan Banda Ancha para Todos hacia 2018, a fines de enero el gobierno abrió la reglamentación participativa de la pionera ley de Marco Civil, sancionada en abril de 2014.

Capitalizando la experiencia enriquecedora del tratamiento de la ley, a través de una plataforma digital se abre al debate y recomendaciones para precisar temas del Marco Civil, cuya definición depende de la reglamentación. Se llama a consulta pública sobre la neutralidad de red, la privacidad y el almacenamiento de registros de , de conexión, responsabilidad de los operadores, de sitios, de servicios, de redes sociales y de aplicaciones.

Facebook + Colombia... El 14 de enero, en Colombia, el presidente Santos y Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, anunciaron ampulosamente “un país más equitativo conectando a Internet a todos”. En realidad, la iniciativa, de la ONG Internet.org, integrada por Facebook y Samsung entre otros, es dar conectividad gratuita para un puñado de sitios, en un combo válido sólo para los s de smartphones de la telefónica Tigo, en algunos lugares del país.

Esto contribuye a la confusión sobre garantías de universal. “La conectividad es necesaria e incrementa el PBI de un país. Las aplicaciones que forman parte del menú surgen de una discusión entre Internet.org, el operador y el gobierno, quienes determinan cuáles son más útiles y van a mejorar más su vida”, argumentan interesadamente el ministerio de las TIC y la ONG vía el diario El Tiempo.

Estas ofertas, conocidas como “zero-rating”, van de plano contra los principios de neutralidad de la red, y están prohibidas en Noruega o Chile. El tema está a la orden del día en Estados Unidos, principalmente motorizado por las maniobras de las telefónicas y Netflix.

El desafío Argentina Digital. En Argentina, para 2015 se prevé la articulación de las fuertes inversiones públicas en Arsat y en la operatividad de la Red Federal de Fibra Optica, componente estratégico para la soberanía comunicacional.

En un servicio que la reciente Ley Argentina Digital vincula con el derecho humano a las comunicaciones, resulta imprescindible proteger la redistribución del ingreso, la palabra y el conocimiento; contemplando asimetrías, áreas de tráfico y alojamiento de información digital.

¿Cuál será el precio de la conectividad, y cuáles las condiciones de calidad, velocidad y tráfico para quienes brindan a Internet y servicios digitales?

Las definiciones generalistas de la Ley Argentina Digital y su precipitado tratamiento a fines de 2014 podrían tener su revancha si se siguiera el ejemplo brasileño de reglamentación participativa: además de legitimar el proceso de decisiones públicas, el Gobierno retomaría la línea explicitada en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (que permitió difundir y mejorar el proyecto de Transición a la TV Digital aprobado por Decreto 2456/14).

Frente a las próximas candidaturas y planes sectoriales, la experiencia colombiana actualiza la lección: detrás de los slogans existen diferentes prácticas políticas, sistemas de alianzas e impactos reales a la hora de diseñar la infraestructura y los socios del país.

* Docente UBA, Facultad de Ciencias Sociales, @diegodrossi

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