Asuntos no tan menores 2w275i
Basta apenas con que un chico menor de 18 aos cometa un delito de repercusin pblica para que buena parte de la sociedad, agitada desde los medios de comunicacin, reclame la baja en la edad de imputabilidad: a esos chicos habra que encerrarlos, dicen, ponerlos al margen de lo que se denomina la “gente decente” y confinarlos en un instituto de menores. 6j604p
La paradoja argentina (o hipocresa, segn cmo se mire) puede resumirse en algunas lneas: el pas fue uno de los primeros en adherir a la Convencin Internacional para los Derechos del Nio, hace 15 aos, y unos de los primeros en incorporarlos a su Constitucin, hace 11. El problema fue cuando hubo que llevar los compromisos a la prctica. Casi todos los pases de Amrica latina ya adecuaron su legislacin. Menos la Argentina.
La convencin dice que los chicos (nios o adolescentes), cuando entran en conflicto con la ley, deben tener los mismos derechos que cualquier ciudadano a la hora de ser sometidos a un juicio (derecho a un abogado defensor, a ser escuchados, a que se presuma su inocencia); y dice la Convencin que un adolescente no debe recibir la misma pena que un adulto. “Son personas que estn en pleno desarrollo y requieren de medidas especiales”, explica el representante de Unicef en Argentina, Jorge Rivera Pizarro.
“La comunidad internacional, al firmar la Convencin, consider que es diferente la responsabilidad si se tienen ms o menos de 18 aos, y que a los que son ms jvenes hay que darles ms oportunidades”, argumenta Mary Beloff, profesora de Derecho Penal Juvenil de la UBA.
Aquellos compromisos internacionales asumidos se cumpliran sancionando una ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que derogara la actual normativa, sancionada durante la dictadura, que permite aplicar las mismas severas penas que reciben los adultos a chicos desde los 16 aos, pero sin que ellos cuenten con las garantas del debido proceso, con las que cuenta cualquier mayor. Un rgimen que comprenda a adolescentes de 14 a 18 aos, que los haga responsables de los hechos que cometieron, pero que les imponga penas alternativas, como el trabajo social o la reparacin de daos. O la privacin de la libertad, en casos graves como homicidios o secuestros, pero nunca por encima de los 9 o 10 aos.
Ya es imposible llevar la cuenta de la cantidad de proyectos de ley de Responsabilidad Penal Juvenil que han perdido estado parlamentario simplemente porque no hubo decisin poltica de tratarlos. Uno de los ltimos es el del Poder Ejecutivo, presentado con bombos y platillos, hace trece meses, por el entonces ministro de Justicia Gustavo Beliz, pero que nunca ingres a las comisiones parlamentarias.
Hoy, en el Congreso, una retahla de proyectos para bajar la edad de imputabilidad espera su oportunidad para salir al ruedo: slo basta que un adolescente cometa un delito grave y que los comunicadores de siempre aticen el fuego. Slo unas pocas iniciativas se atreven a insistir con el cumplimiento de la Convencin, entre ellos, los de los diputados Laura Musa (ARI) y Vctor Fayad (UCR) y el del senador Jorge Yoma, que ni siquiera tienen tratamiento de comisin.
Tan o ms grave que esta demora es la que sufre el llamado Rgimen de Proteccin Integral de la Infancia, que deroga la antigua pero vigente Ley de Patronato, que judicializa la pobreza dndoles a los jueces el poder de encerrar en institutos a nios abandonados o vctimas de la explotacin y otros delitos.
De sancionarse este nuevo rgimen, los chicos en situacin de abandono deberan recibir asistencia social en lugar de un proceso judicial y se privilegiara el fortalecimiento de los lazos familiares en lugar de su segregacin.
Pero el tema lleva ms de ocho aos de tratamiento legislativo, sin resultados. “Siete provincias ya lo sancionaron pero funciona a medias, o porque no fue reglamentado o por la falta de una legislacin nacional”, advierte Gimol Pinto, abogada de Unicef. El colmo de la irracionalidad se da en la provincia de Buenos Aires, donde el rgimen ya es ley pero su aplicacin est suspendida por la Justicia. “Son proyectos que lesionan determinados intereses”, dice Rivera Pizarro, de Unicef. “Los jueces de menores manejan a su arbitrio los presupuestos, que destinan a los institutos donde derivan a los chicos. Hay muchos privilegios en juego”, advierte la diputada Musa.
Mientras las leyes esperan, cada da hay chicos que pierden su oportunidad. Si la sociedad no se hace cargo, su destino estar en un instituto o en una comisara. O en la crcel, cuando crezcan y sean condenados, incluso, a cadena perpetua, a contramano de los compromisos internacionales.
As, la hipoteca social que esto genera –legado para las prximas generaciones– ser cada vez ms difcil de levantar.
